Por Ilda Teresa Lucchini
Debiéramos pensar que este gobierno de ultraderecha que ha venido violando la Constitución Nacional vigente -que no es la que quisiéramos,- y lo ha hecho en forma sistemática, más temprano que tarde la emprenderá frontalmente contra las universidades públicas.
El anteproyecto de reforma educativa ‘libertaria’ es un retroceso inaceptable, como puede verse en otros artículos de esta publicación. Ya aparecerá algún proyecto de Educación Superior -que se sumará a las políticas destructivas nacionales- que quiere, necesita y buscará este gobierno entreguista, para completar el plan de transformarnos en una neolocolonia, principalmente de los EEUU.
Hay avanzadas muy perceptibles, consistentes en aumentos salariales ridículos que están consolidando un retraso de casi el 40 % en su poder adquisitivo. De este modo empujan a numerosos miembros del sistema nacional de ciencia y tecnología al exilio. Apreciamos que hay un cuasi nulo reequipamiento y la anulación de préstamos internacionales (como los del Banco Interamericano de Desarrollo) que -si no son ejecutados a su debido tiempo-, deben ser devueltos.
Un poco de historia
Con los gobiernos kirchneristas se ‘blanqueo’ la totalidad del salario docente, se aprobó la Ley para la jubilación con el 82 % del último salario percibido, y otros derechos que durante décadas ocuparon primeros lugares en las demandas sindicales.
La creación de numerosas universidades públicas, gratuitas y de ingreso irrestricto contribuyó a democratizar la Educación Superior, que fue declarada derecho humano, con obligación constitucional estatal de su sostenimiento; postura estatal que se llevó a varias conferencias internacionales pertinentes.
Las nuevas universidades buscaron fortalecer y ampliar la condición federal y republicana de nuestro país y arraigar a los estudiantes en su lugar de origen. Surgieron también nuevas carreras para asistir a producciones locales, sin olvidar el Plan Progresar para estudiantes, de alcalde nacional, al igual que las becas. Además se otorgaron estímulos especiales a carreras que se consideraron vitales, como las ingenierías.
Cuando decimos “ciencia y tecnología” nos referimos a TODAS LAS DISCIPLINAS. Pensamos en términos de sus vínculos e intermediaciones al descubrimiento, apropiación y distribución del conocimiento; al control popular de las políticas que se ejecutan en este campo, dado que es el conjunto de la sociedad argentina quien solventa al sistema.
La investigación se realiza casi en un 90 % en las universidades nacionales. Existe una imbricación estructural entre las universidades públicas y el sistema científico nacional denominado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La Provincia de Buenos Aires mantuvo, a pesar de los embates de gobiernos conservadores, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), mientras que en otras provincias como Córdoba se desmantelaba un organismo similar.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se jerarquizó, reestructuró y apoyó fuertemente la actividad científica. El CONICET impulsó (tal vez no todo lo necesario y posible) la federalización de la investigación- de alguna manera- ,la independización de esta de algunas modas internacionales impulsadas por los viejos centros monopolizadores del poder, así como un fuerte respaldo al avance de las mujeres en el dispositivo científico tecnológico. Se progresó bastante pero no todo lo necesario; recordemos que son muy pocas las mujeres que ocupan cargos de conducción tanto en Universidades, como en los equipos de investigación. Los avances fueron importantes, pero distan mucho de la igualdad necesaria.
Los llamados países del primer mundo, además de China, Rusia e Irán son tales precisamente porque el sistema universitario y la investigación en ciencia básica y aplicada constituyen políticas de estado y acumulan décadas de aplicación. Podríamos decir que hay giro de 180 grados en esta materia, pero no hay improvisación; hay plan de destrucción y por esa razón hay muchos mediocres y/o ignorantes ocupando cargos de responsabilidad en el sistema. Eso acontece por ejemplo con la conducción de la Agencia I+D+i. Diremos que esta agencia es decisiva para un desarrollo que pueda calificarse como tal.
¿Qué está pasando ahora?
En el proyecto de Presupuesto 2026 la caída en la función de Ciencia y Técnica es del 7,2%, completando un descenso del 46,4% desde que la ultraderecha llegó al Poder Ejecutivo.
Es imperativo decir -nuevamente- que Argentina está entre los 8 únicos países del mundo en fabricar satélites; tiene gran desarrollo nuclear independiente, muestra aportes muy valiosos en materia de biología molecular y salud, desarrolla vacunas propias y efectúa contribuciones sistemáticas en investigación básica y aplicada. Esta capacitación y riqueza se irá al exterior, donde son apetecides nuestres investigadores, si se mantiene la política de desmantelar la capacidad alcanzada. Fugamos al exterior -en el siglo XX, especialmente bajo las dictaduras- casi 30 mil millones de dólares en cientifiques a quienes costó mucho formar con el pecunio del pueblo argentino.
A principios de diciembre de este año el gobierno nacional asestó un golpe mortal a nuestro sistema científico al ANULAR las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 (ya adjudicados), cerrando DEFINITIVAMENTE la convocatoria 2023. Nos distinguiremos por ser el UNICO PAIS de América que no tendrá inversión en ciencia.
Hay declaraciones varias de entidades involucradas en investigación y tecnología, incluidas universidades y facultades, pero es indispensable hacer presión en la calle reeditando las movilizaciones en defensa de la educación, promover acciones como una carpas educativas federales y practicar una solidaridad insoslayable con otras áreas desmanteladas por el gobierno nacional.
Siempre decimos que una carrera universitaria es una opción individual, pero también sostenemos que debe ser -principalmente- un proyecto colectivo. La formación universitaria es indispensable y fundacional en todo plan económico, cultural y político que se proponga construir justicia social, independencia económica y soberanía política.
Foto de “El Destape”