LA ENTREGA DE LOS PERIGLACIARES: MILEI MANIOBRA PARA SOCAVAR LA “LEY DE GLACIARES”
Por Rubén Morales, Director de GEMAF – Diplomado en Restauración de Ecosistemas.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, su administración ha impulsado un conjunto de políticas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, han degradado los marcos regulatorios y la estructura estatal encargada de defender los bienes comunes. La eliminación de fondos para la protección de bosques nativos, la paralización del ordenamiento territorial, el vaciamiento presupuestario de organismos científicos esenciales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), la reducción de programas de monitoreo climático y la liberalización de normativas para el agronegocio y la industria extractiva conforman una misma matriz: la subordinación del interés público a la ganancia inmediata de unos pocos.
En este contexto, la ofensiva del gobierno sobre la Ley N° 26.639 de Glaciares no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de un proyecto político que concibe la naturaleza como una mercancía y el Estado como una molestia a desmantelar. La ley, sancionada en 2010 tras años de lucha social, protege glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo en ellos la minería y la explotación hidrocarburífera. Fue un hito del ambientalismo federal, producto del consenso entre científicos/as, legisladores, asambleas ciudadanas y organizaciones sociales.
Hoy ese marco protector está bajo ataque. El gobierno nacional ha anunciado su intención de modificar la ley para permitir que cada provincia defina qué es un glaciar o un ambiente periglaciar. Detrás del llamado “federalismo”, se esconde el propósito real: habilitar proyectos mineros actualmente frenados por la normativa, muchos de ellos impulsados por corporaciones transnacionales que llevan años presionando por flexibilizaciones.
UNA ARREMETIDA FAVORABLE A LAS GRANDES MINERAS
El presidente Milei ha sostenido públicamente que la modificación de la Ley de Glaciares permitirá “destrabar inversiones” en cobre, oro, plata, litio y tierras raras, y ha llegado a afirmar que la minería generaría “un millón de puestos de trabajo”. Estas cifras no solo carecen de sustento técnico, sino que contradicen décadas de evidencia empírica sobre los impactos reales de la megaminería en las provincias argentinas.
Los datos oficiales de San Juan, Catamarca y Santa Cruz —las provincias con mayor desarrollo minero de las últimas décadas— muestran que la actividad extractiva no genera empleo masivo:
- En San Juan, durante el auge de Veladero y Gualcamayo, la minería nunca superó el 3% del empleo provincial y la mayoría de los puestos técnicos y de alta calificación fueron cubiertos por personal externo, no por mano de obra local.
- En Catamarca, Bajo la Alumbrera —uno de los yacimientos más grandes del continente— empleó directamente menos de 1.800 trabajadores, en una provincia de más de 400.000 habitantes; y el empleo indirecto cayó abruptamente tras el cierre.
- En Santa Cruz, la minería metalífera ronda el 6% del empleo total, pese a los repetidos anuncios de “explosión laboral” de distintos gobiernos.
Esto no es casual. La minería moderna, orientada a procesos automatizados, es de alta tecnología y baja intensidad laboral con maquinaria importada y personal especializado que en muchos casos es rotado por las propias empresas en modalidad de “fly-in/fly-out”, reduciendo aún más el impacto en las comunidades locales.
Lo que sí deja la megaminería es un fuerte uso de agua —hasta millones de litros por día en regiones áridas—, riesgos de drenaje ácido, pasivos ambientales y la dependencia económica de territorios que quedan subordinados a ciclos de precios internacionales. Las comunidades de Andalgalá, Jáchal, Tinogasta y Famatina han sostenido durante años resistencias que prueban, con la experiencia vivida, que la promesa del “desarrollo minero” es en muchos casos un espejismo.
Por eso Milei necesita modificar la Ley de Glaciares, porque al ser el ambiente periglacial una reserva estratégica de agua, es un límite infranqueable para la minería a gran escala. Y sin habilitar esas zonas, los grandes proyectos de cobre en cartera —Pachón, Josemaría, Filo del Sol, Altar— no podrían avanzar en los plazos que exigen las empresas.
EL INTENTO DE REFORMA: ANUNCIOS, PRESIONES Y UN POSIBLE DECRETO
En los últimos meses, distintos medios nacionales informaron que el gobierno envia al Congreso un proyecto de reforma de la ley. Según estas fuentes, la modificación permitiría que las provincias definan su propia zonificación glaciar, lo que fragmentaría el criterio científico único elaborado por el IANIGLA y abriría las puertas a definiciones “a medida” para proyectos mineros. También se filtró que el Ejecutivo evalúa recortar la definición de glaciar solo a cuerpos de hielo mayores a una hectárea, excluyendo glaciaretes, escombros congelados, y otras geoformas claves para el ciclo hídrico.
Greenpeace calificó este intento como “un ataque directo al agua de los argentinos”, advirtiendo que la reforma pondría a los glaciares en riesgo de contaminación, destrucción y desaparición. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) alertó que sería una regresión ambiental de enorme gravedad. Y un análisis crítico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) señaló que se buscaría incluso quitar del artículo 1° referido al reconocimiento de los glaciares como “reservas estratégicas de recursos hídricos”, debilitando su carácter de bienes públicos.
Más preocupante aún es la versión —publicada por portales regionales y no desmentida por el gobierno— de que Milei evaluaría avanzar por decreto presidencial en caso de no lograr aprobación por el Congreso Nacional. Esto permitiría sortear el debate legislativo y habilitaría la reducción de áreas protegidas sin intervención del Congreso. De concretarse, sería un abuso institucional comparable con el DNU desregulador, y un golpe directo al federalismo y al principio de no regresión ambiental.
UN RETROCESO ESTRUCTURAL BAJO EL DISFRAZ DEL “FEDERALISMO”
El discurso oficial presenta la reforma como un acto de “devolución de competencias a las provincias”. Pero este argumento ignora que la Ley N° 26.639, también de 2010, es una ley de presupuestos mínimos, algo establecido en el artículo 41° de la Constitución Nacional Argentina: las provincias pueden complementar, pero no reducir ni flexibilizar el estándar de protección fijado a nivel nacional.
Permitir que cada jurisdicción redacte su propio concepto de glaciar es, en la práctica, anular la ley. Y es justamente lo que demandan desde hace años las corporaciones mineras, que consideran que la definición amplia del ambiente periglaciar “bloquea inversiones”.
El gobierno de Milei pretende así transformar un límite ambiental —estructural, científico y ecológico— en un obstáculo a remover. El agua, que debería ser priorizada como bien público, queda subordinada a un modelo extractivo de corto plazo, dependiente del precio internacional de los minerales y de acuerdos con empresas que concentran ganancias mientras externalizan costos.
UN ATAQUE A LA SOBERANÍA AMBIENTAL Y AL FUTURO
Desde una perspectiva nacional, popular y ambientalista, lo que está en juego es mucho más que una ley: es la soberanía hídrica de la Argentina. En un contexto de retroceso de glaciares acelerado por la crisis climática, reducir protecciones es irresponsable e incompatible con cualquier proyecto de desarrollo sustentable.
Modificar la Ley de Glaciares para permitir minería en zonas periglaciares es un acto de entrega. Es sacrificar agua por dólares fugaces. Es desmantelar una conquista social que prioriza la vida de las comunidades por sobre la renta de empresas que ni siquiera garantizan empleo digno ni desarrollo territorial.
Por eso es imprescindible que gobernadores, legisladores, organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimientos de mujeres y juventudes ambientales rechacen este intento. Defender la Ley 26.639 tal como está es defender el agua, defender la ciencia, defender la soberanía y defender el futuro.
El país necesita un proyecto de desarrollo que respete a su gente y a su tierra, no un modelo extractivista donde las montañas se derriten para enriquecer a unos pocos. La Argentina tiene memoria: cada vez que se entregaron los bienes comunes en nombre del “progreso”, las comunidades pagaron el costo. Hoy, ante esta nueva ofensiva, es el pueblo organizado quien debe ponerse de pie para impedir que la montaña —que guarda el agua y la vida— se convierta en un simple negocio.