LA MEMORIA PERSEVERANTE
Por Amanda Miranda
“Los que no pueden recordar el pasado,
están condenados a repetirlo”. Jorge Santayana.
La historia reciente argentina se encuentra atravesada por una tensión continua entre memoria y negación, entre justicia y restauración de la impunidad. Desde el retorno de la democracia en 1983, las luchas populares y de los organismos de derechos humanos, junto con la voluntad política de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, habían logrado instalar un consenso básico en torno a la condena del Terrorismo de Estado y la necesidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, dicho consenso no constituye una conquista definitiva, sino un campo de disputa permanente.
En los últimos años, el gobierno de Mauricio Macri, primero; y el de Javier Milei ahora, han reactivado discursos negacionistas y prácticas estatales que socavan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Esta ofensiva no puede ser comprendida de manera aislada, sino que se inscribe en un modelo cultural y económico para nuestra dependencia, profundamente desigual, que requiere dispositivos de disciplinamiento social para sostenerse. En este contexto, el ataque a los organismos de derechos humanos y la negación del genocidio funcionan como condiciones de posibilidad para el avance de políticas de ajuste, exclusión y represión.
El terrorismo de Estado implementado por la Dictadura cívico-militar y eclesiástica que oscureció la historia argentina -de 1976 a 1983- planificó y concretó un genocidio cuya estrategia última no se reducía a la sola eliminación física de luchadores sociales y opositores políticos, sino que buscaba la “reorganización” de las relaciones sociales mediante el terror, a efectos de poner en marcha su plan económico neoliberal. La desaparición forzada, la tortura, el exterminio y la apropiación de niños y niñas tuvieron como objetivo destruir los lazos sociales de solidaridad existentes, aniquilar proyectos colectivos y disciplinar a la clase trabajadora.
Poder Judicial, impunidad y negacionismo institucional
El Poder Judicial ocupa un lugar destacado y decisivo en este proceso de justicia coyuntural, y constituye un verdadero termómetro en el momento de analizar el contexto político y el cambio de época. En su momento, ese Poder permitió la reapertura de los juicios de lesa humanidad (2003); pero ahora, en sintonía con la política de reivindicación de las dictaduras y prácticas destituyentes que despliega el gobierno de Javier Milei, está reproduciendo lógicas de impunidad a través de fallos que fragmentan los hechos o desconocen su carácter sistemático.
Así, la absolución en la causa del “Villazo” constituye un ejemplo paradigmático. El juicio por la represión que sufrieron los obreros de Acindar en la gran huelga de Villa Constitución (1975), empresa que tenía a José Alfredo Martínez de Hoz en su directorio, terminó como ningún otro proceso por crímenes de lesa humanidad hasta ahora: con todos los acusados absueltos.
Los grandes ganadores fueron dos ex jerarcas de la metalúrgica, que salieron libres de culpa y cargo. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Rosario recién dará a conocer en febrero las razones de su decisión. Al desvincular la represión contra los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución del plan general de persecución a la clase obrera, el fallo judicial invisibiliza la alianza entre Fuerzas Armadas y Poder económico, en una decisión que, lejos de la neutralidad invocada, busca reproducir una narrativa que exculpa a los responsables económicos del genocidio.
En la misma lógica podemos encuadrar el resultado del Juicio “La Huerta”, que investigaba los crímenes perpetrados por la última dictadura en la zona de Tandil, Azul, Olavarría, Necochea y Mar del Plata, entre otras ciudades. El juicio tomó su nombre de uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la subzona 12, llamado La Huerta, ubicado en Tandil, donde funcionó un espacio de secuestros, torturas y desapariciones. Allí se investigaron 191 casos de víctimas del Terrorismo de Estado y se imputó a 35 personas: al cabo de 3 años. Finalmente la sentencia derivó en ocho represores condenados, cuatro de ellos a prisión perpetua, y 27 absueltos, entre ellos un civil.
En este punto, cabe destacar las palabras del doctor Raúl Zaffaroni, quién advierte que el derecho penal puede convertirse en una herramienta de negación cuando se separan los crímenes de su contexto histórico y político (La cuestión criminal, 2011).
Negacionismo y modelo económico actual
El negacionismo impulsado por el gobierno de Milei no es sólo un fenómeno discursivo. Se articula con un modelo económico ultraliberal que profundiza la desigualdad, destruye derechos laborales y criminaliza la protesta social. Como advierte Zaffaroni, los Estados que abandonan políticas de inclusión recurren inevitablemente a formas crecientes de violencia institucional (Derecho penal humano, 2011).
La represión a jubilados, maestros, trabajadores de la salud; el endurecimiento de protocolos de seguridad; la estigmatización de los menores vulnerados, pueblos originarios, mujeres, diversidades y otros sectores populares; y la impunidad de las fuerzas represivas forman parte de una misma matriz política. En este marco, relativizar el Terrorismo de Estado cumple una función estratégica: habilita simbólicamente el uso actual de la violencia estatal y debilita los límites democráticos construidos durante más de 40 años.
Nuevas pruebas, nuevos juicios y ampliación del concepto de víctima (todo está grabado en la memoria)
Frente a los intentos de clausura del pasado, los organismos de derechos humanos continúan impulsando procesos judiciales y reconstrucciones históricas. En el caso del centro clandestino La Perla, casi cinco décadas después, siguen apareciendo pruebas, en pedacitos de humanidad de los desaparecidos.
Asimismo, la apertura del juicio por crímenes cometidos contra las niñeces durante este periodo nefasto, nos señalan que, a pesar de todo, la Memoria sigue avanzando. El Juzgado Federal N°1 de Mendoza dio respuesta al pedido de indagatorias realizado por la fiscalía especializada, en razón de crímenes de lesa humanidad contra infancias, determinando la imputación y llamado a indagatorias para 17 represores.
La hija del gran escritor Paco Urondo (desaparecido en junio de 1976), Angela Urondo Raboy, una de las principales impulsoras de este juicio, pone en palabras la importancia de este proceso: “Es muy grande lo que simboliza y lo que se concreta en este juicio por venir. Llegar a esta instancia es todo un logro. Empieza a salir a la luz, se inscribe lo ocurrido a las infancias en dictadura como una huella. Ya no se trata de juzgar lo que sucedió solo con el robo de bebés, que nunca dejó de juzgarse. Es hora de llevar a juicio lo que nos sucedió a niños y niñas, quienes padecimos en nuestros cuerpos mucho más que el secuestro de nuestros padres y madres. El reconocimiento de estos crímenes en conjunto devuelve entidad a esos niños que fuimos tratados como objetos. Repone nuestra identidad generacional, y quizás pueda llegar a reparar o suavizar en alguna medida las heridas, los daños, los traumas… Y pondrá en evidencia la crueldad absoluta con que la dictadura trató a las infancias”.
Como vemos, la Memoria no es un ejercicio nostálgico ni un ritual vacío sino una práctica política del presente. Recordar el genocidio implica interrogar las formas actuales de exclusión, represión y disciplinamiento social.
En un contexto de negacionismo estatal y regresión de derechos, la persistencia de la Memoria demuestra que la lucha por verdad y justicia no está clausurada. Cada nuevo juicio, cada prueba recuperada y cada movilización social constituyen actos de resistencia frente a un proyecto que busca desmantelar los consensos democráticos.